Convenio de cooperación entre los tres poderes del Estado porteño
El martes 2 de julio, los titulares de las Oficinas de Integridad Pública del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un Convenio Marco de Cooperación.
El acuerdo suscripto por los representantes de los tres poderes del Estado porteño tiene el objetivo establecer relaciones de cooperación entre las diferentes Oficinas de Integridad Pública, para llevar a cabo acciones, proyectos y actividades de interés mutuo que promuevan la implementación, aplicación, capacitación, publicidad y divulgación de los contenidos de la Ley 6.357, Régimen de Integridad Pública, y sus normas reglamentarias.
Las Oficinas de Integridad Pública firmantes fueron creadas conforme a lo establecido en la Ley 6.357 del año 2020. Esta normativa requiere que cada uno de los poderes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designe un órgano independiente técnicamente, con la misión de velar por el cumplimiento del Régimen de Integridad Pública.
Con la firma de este Convenio Marco, los organismos se comprometen a llevar adelante acciones coordinadas y consensuadas. Además, se contempla la posibilidad de firmar convenios específicos que fortalezcan aún más el compromiso institucional.
Entre las acciones proyectadas de manera conjunta se incluyen: programas de capacitación, intercambio de buenas prácticas y cooperación en el intercambio de información.
La firma del Convenio tuvo lugar en el histórico Palacio Lezama, sede de la Oficina de Integridad Pública del Poder Ejecutivo. Participaron del acto Joaquín Moro, en representación de dicha Oficina; Matías Rey, por la Oficina de Integridad Pública del Poder Judicial; y Diego Minetti, titular de la Oficina homónima del Poder Legislativo.
Las Oficinas firmantes forman parte del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. Este foro refleja su compromiso con el trabajo articulado y la colaboración entre organismos públicos especializados, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de promoción de la integridad pública en sus respectivas jurisdicciones.
