Capacitación vial para usuarios de Ecobici
El Servicio de Transporte Público en Bicicleta que funciona en la Ciudad de Buenos Aires incorporará, como requisito obligatorio para sus usuarios, una capacitación a través de un instructivo referido a las principales normas de circulación segura en esos tipos de rodados. Así lo dispuso una ley que aprobó hoy la Legislatura y que introduce una modificación al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
El nuevo inciso que se agrega a las normas de tránsito concretamente establece: "Recibir un instructivo sobre educación vial". En el proyecto presentado se aclara que la forma en que se implementará dicha capacitación surgirá con la reglamentación de la ley, aprobada con 56 votos afirmativos y 2 abstenciones (AyL).
"El objetivo de este nuevo requerimiento es contribuir con el conocimiento y el respeto de las normas de tránsito y con la prevención de incidentes viales. Ello es un paso fundamental para proteger la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo", explican los fundamentos del proyecto, que tuvo dictamen de la Comisión de Tránsito y Transporte.
Además, la iniciativa presentada por el diputado Diego García Vilas (VJ) sostiene que "los actores más vulnerables del tránsito son los motociclistas, peatones y ciclistas".
Apoyo a reclamo de soberanía
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este jueves manifestó "su beneplácito por la Resolución de la Asamblea General de la ONU, con fecha 22 de Mayo del corriente, mediante la cual demanda al Reino Unido para que retire su "administración colonial" del Archipiélago de Chagos en el Océano Indico en un plazo de seis meses y devuelva ese territorio a la Republica de Mauricio".
El proyecto de declaración impulsado por los diputados Javier Andrade, María Conde y Lorena Pokoik (UC) expresa en los fundamentos que "consideramos pertinente que ésta Legislatura manifieste su beneplácito a la Resolución de la ONU, en cuanto reconoce los derechos de los changosianos y marca un precedente importantísimo, ya que dicho caso encuentra un paralelismo con la ocupación británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Tal es así que la Corte determinó expresamente que es la Asamblea General la que monitorea los procesos de consulta popular en casos de descolonización, lo que echa por tierra la pretendida validez del referendo celebrado en las Islas Malvinas en el 2013."
