“Hay que impulsar la generación de empleo formal en los barrios populares”
Preside la Comisión de Vivienda e integra las de Asuntos Constitucionales, de Descentralización, de Discapacidad, de Cultura, de Educación y de Planeamiento Urbano.
La Legislatura aprobó hace poco tiempo una ley para incentivar el desarrollo productivo en barrios populares. ¿Cuáles son los objetivos de la ley, como se implementará, qué beneficios reciben quienes inviertan en nuevas actividades productivas?
Los objetivos de la ley son fortalecer la integración entre los barrios populares y la Ciudad, mejorar la oferta de productos y servicios a residentes de barrios populares e impulsar la generación de empleo formal. La iniciativa legislativa crea el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares que contempla los barrios Padre Carlos Mugica, Barrio 20, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno.
La norma tiende al desarrollo productivo como parte de una política pública que cuenta con otros dos ejes que son la reurbanización de los barrios populares y el fomento a la economía social y popular. Busca generar nuevos puestos de trabajo y acceso a mejores bienes y servicios a través de beneficios fiscales.
Quienes inviertan en el Distrito podrán computar como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos un porcentaje de la suma empleada para el desarrollo de la actividad productiva. Además se garantiza la empleabilidad de los residentes del Distrito porque para acceder a los beneficios impositivos los inversores deben contratar al menos 30% por ciento de empleados del barrio.
El nuevo Distrito busca la generación de empleo producto de la inversión privada a los fines de fortalecer el proceso de integración que están atravesando los barrios populares con los proyectos de urbanización e impulso a la economía social y popular. La ley es una política pública para mejorar la calidad de vida y lograr una igualdad de oportunidades de los vecinos de nuestra Ciudad.
La Ciudad ratificó el convenio para el traspaso de 58 hectáreas en La Matanza. Un conflicto de hace muchos años, que nació cuando el gobierno de Onganía erradicó villas de la ciudad y trasladó a La Matanza a quienes las habitaban. ¿Cuál es su mirada sobre esta situación, cómo cambió el paradigma respecto a los barrios populares?. ¿Cuál es la política de gestión hoy para con estos barrios desde la Ciudad?. En el recinto ud mencionó: "De la erradicación a la integración".
Al respecto, es valioso poner el foco en el contexto histórico y cómo ha impactado en el abordaje de la Vivienda Social en Argentina. Se advierte que la problemática de la vivienda atraviesa toda la historia del siglo XX en el área metropolitana. A partir de 1955 distintos gobiernos, dictaduras y democracias, sostenían que la solución habitacional debía ser la erradicación y construcción de nuevas viviendas porque era el paradigma predominante como herramienta técnica de intervención y que se expresaba en lo arquitectónico, en los grandes conjuntos habitacionales inspirados en la Europa de Posguerra, que luego serían cuestionados y hasta demolidos por generar más problemas que soluciones.
La política de vivienda social fue progresando desde la erradicación, pasando por el paradigma de la radicación hasta alcanzar el paradigma de la Integración Socio Urbana que es la política que Juntos por el Cambio sostiene y en la que, desde 2016, venimos trabajando en los barrios populares de la Ciudad con la participación, necesaria e imprescindible de todos los actores involucrados.
En esa línea, la transferencia del inmueble sito en La Matanza, representa un avance significativo en la consolidación del derecho de propiedad mediante la regularización socio urbana a favor de los ocupantes de los inmuebles que componen los mencionados barrios populares y representa un paso importante para el desarrollo de las obras de integración social y urbana.
Por otra parte, los NHT (Núcleos Habitacionales Transitorios) San Petersburgo y Puerta de Hierro fueron parte uno de los primeros programas de urbanización que se hicieron en la Provincia de Buenos Aires y que fue impulsado en la gestión de Cambiemos con María Eugenia Vidal como gobernadora.
Ud. es abogada, especializada en Derecho Constitucional y en Derecho, Análisis y Gestión Electoral. Trabajó mucho el tema de boleta única. ¿Cuál es la situación en la ciudad y en qué está trabajando respecto a la transparencia electoral?
La incorporación de la Boleta Única se erige como el medio más idóneo para cumplir con las exigencias constitucionales que debe reunir el sufragio libre, universal y obligatorio.
Vale decir, con la Boleta Única, se favorece la igualdad entre los competidores de las elecciones ya que es el propio Estado de la Ciudad de Buenos Aires el que debe crear las condiciones para que la oferta contemple a todas las listas habilitadas para competir.
Se termina así con aquello que más afecta a cualquier elección y que consiste en la imposibilidad de encontrar, dentro del “cuarto oscuro”, la opción que representa el candidato por el que se quiere votar. Personalmente viví, en 2007, una experiencia de ese tenor cuando las boletas de los candidatos nacionales de la Coalición Cívica —de la cual era apoderada como actualmente lo soy— no se encontraban disponibles en muchos distritos. Indudablemente, ello afectó a todo el proceso electoral porque quienes buscaban elegirnos simplemente no podían hacerlo.
Adicionalmente, y de acuerdo con las experiencias que observamos en Salta (2013) y la propia Ciudad (2015), en caso de optarse por el uso de la Boleta Única Electrónica, se reducen considerablemente los tiempos de espera respecto al conteo final de los votos emitidos.
Finalmente, y tal como dije en oportunidad de expresar mi opinión ante la Cámara de Diputados de la Nación, al tratarse el proyecto de “Boleta Única” todo lo referente a la instrumentación de reglas electorales claras y transparentes —incluso la implementación de herramientas como la Boleta Única— coadyuvan para reducir la desconfianza en el proceso electoral y garantizar la incertidumbre del resultado. Ese objetivo es el que guió mi intervención en el debate del Código Electoral en la Ciudad
Tenemos el Código Electoral que contempla la Boleta Única, el Instituto de Gestión Electoral, otros organismos electorales e incluye la participación de la ciudadanía como organizaciones observadoras. De manera tal, es evidente que el proceso que llevamos adelante busca ser transparente en el más amplio sentido de la palabra. Por esa razón, y porque sin un sufragio puro es imposible pensar en una adecuada representación, estoy centrando mis esfuerzos no solamente en el proceso sino en quienes resultan elegidos como consecuencia de aquel.
Creo, por ello, que es tiempo de debatir y analizar la viabilidad de la FICHA LIMPIA a partir del ordenamiento constitucional federal y de la Ciudad.
