Reunión informativa sobre Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa
Las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto participaron esta tarde de una reunión informativa sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propicia incorporar a los tipos de uso del Código Urbanístico el Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa.
A la reunión presidida por las diputadas Victoria Roldán Méndez y Paula Villalba (VJ) asistieron la presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Isabella Karina Leguizamón y los directores generales de Planeamiento Urbano, Mariano M. Orlando y de Infraestructura Gubernamental, Ileana Sonia Terreno, ambos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Se explicó que el Centro es un dispositivo institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes punibles e imputables, por la justicia penal juvenil y/o justicia criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Este dispositivo se sustentará en el principio de especialización en materia penal juvenil — por encontrarse destinado a personas en una etapa crucial de su desarrollo - lo cual exige que la totalidad de los actores implicados en el abordaje institucional deben enmarcar su tarea bajo el eje de intervención socioeducativa que posibilite un proceso de integración comunitaria desde el efectivo ejercicio de ciudadanía, superando la concepción punitiva de la medida", apuntan los fundamentos.
A través del Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que dependieran del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia -CESyV- regido por el Decreto PEN N° 210/1989.
A su vez, el Decreto N° 492/2016 y su modificatorio el N° 495 instruyeron a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el traspaso. En el marco de esta normativa, el 20 de septiembre de 2016 se suscribió el Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad. Fue suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -SENNAF- y el Consejo porteño. Mediante la Resolución N° 1 del año 2017, la Legislatura aprobó ese acuerdo.
En la Ciudad de Buenos Aires la autoridad administrativa de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061 - ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes. Y según explica el Ejecutivo "es de imperiosa necesidad para el Consejo disponer de un establecimiento que atienda los más altos estándares internacionales de derechos humanos para adolescentes bajo medida socioeducativa de privación de la libertad.
Desafectación, enajenación y venta
Los edificios de disposición actual, tales como los Centros Socioeducativos José de San Martín, Manuel Belgrano. Manuel Bocea y Centro de Admisión y Derivación Llona Úrsula Inchausti fueron transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. "Son edificios públicos -se afirma- que por su antigüedad, estructura y disposición edilicia no cuentan con las condiciones exigidas para brindar la atención de los adolescentes en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisa un centro modelo que deje atrás el sistema de cuidado de adolescentes bajo el viejo paradigma de la situación irregular en materia penal juvenil".
El artículo 8° textualmente señala: "Desaféctanse del dominio público, declárense innecesarios para la gestión del GCABA y dispóngase la enajenación de los inmuebles sitos en: J. D. Perón 2048 (...), Curapaligüe 7 (...) y Av. Segurola 1651 (...) todos ellos pertenecientes al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal efecto el Poder Ejecutivo podrá establecer pagos parciales y/o diferidos y las modalidades de venta, de conformidad con el interés público comprometido. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá evaluar las ofertas de conformidad con el valor presente, entendiéndose el "valor presente como el valor actual de un monto de dinero que será cancelado en el futuro, en uno o más pagos".
En tanto el artículo siguiente establece que el valor resultante de la enajenación "será destinado a la construcción y equipamiento del "Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa" y a nuevos centros o equipamientos a cargo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno porteño.
El centro modelo facilitará una mejor gestión de los recursos y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, superando así las condiciones actuales de prestación del servicio acorde a las necesidades de los y las adolescentes.
"Con el propósito de tornarlo materialmente posible, razones de necesidad y conveniencia aconsejan proceder a la enajenación de los inmuebles enunciados en el proyecto de ley. Con el valor resultante, se solventarían todos los gastos que ha de demandar la construcción y puesta en marcha del Centro Modelo, a instaurarse en el predio sito en Castañares y Bonorino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo que no implicaría un compromiso presupuestario extraordinario", estima el Poder Ejecutivo.
La iniciativa del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta postula incorporar la figura del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa al Título I - "Generalidades, Principios y Definiciones", punto 1.4 "Glosario", subpunto 1.4.2 "Conceptos relativos al uso: Generales y Tipos de Uso", Parágrafo 1.4.2.2 "Tipos de Uso" del Código Urbanístico. Fue presentada a la Legislatura con las firmas, además del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia; el responsable de la cartera de Economía y Finanzas, Martín Mura y el Jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel. Se trata del expediente 692-J-2019.
