La emergencia económica en la Ciudad se debatirá mañana
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionará mañana con un temario acordado este miércoles en Labor Parlamentaria, que incluye el proyeto de ley de emergencia económica y financiera, presentado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y considerado previamente en reuniones de la comisión de Presupuesto.
La norma en tratamiento propone declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la CABA.
Por esa ley se procura darle al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar los gastos corrientes para reforzar prioritariamente las acciones de prevención de la pandemia de coronavirus y, a tal efecto, reasignar partidas presupuestarias, suspender la aplicación de algunos programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios y evitar la incorporación de personal, excepto en que fuera necesario para atender la salud público o imprescindible para el cumplimiento de servicios eseniales.
Para los contribuyentes habrá bonificaciones y descuentos así como planes que incentiven el pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal. Y quedarán transitoriamente pospuestas las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación emergente.
En reuniones de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que peside el legislador Claudio Romero (VJ) los funcionarios de la Jefatura de Gobierno cuantificaron en unos 80 mil millones de pesos la merma en la recaudación impositiva anual, en relación con lo presupuestado.
Por tal situación, también se proyecta revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos,contratos o convenios.
Mañana también se debatirá en sesión ordinaria otra iniciativa oficialista, con despacho de la comisión de Justicia, que preside Martín Ocampo (UCR), que introduce modificaciones a las cartas orgánicas sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Ministerio Público, con el propósito explicitado de lograr una “mayor coordinación administrativa” entre ambos organismos en lo referido a manejos de recursos humanos y materiales.
